Grazalema se suma a la oficina antidesahucios de la Junta de Andalucía

La alcaldesa de Grazalema firma el convenio con la Consejera de Fomento para reconvertir los departamentos municipales en servicios de atención a personas que sufran este problema

Una veintena de municipios de toda Cádiz, entre ellos Grazalema, firmaron ayer un convenio con la Junta de Andalucía, inscrito en el Programa andaluz en defensa de la vivienda, por el que los servicios municipales de distintos departamentos se convertirán en ventanillas donde los ciudadanos puedan recabar información, solventar dudas si se tienen dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler y, lo más importante, solicitar defensa y ayuda si hay riesgo de sufrir un desahucio o se ha sufrido. Al convenio se han sumado también San Roque, Puerto Serrano, Sanlúcar, Castellar, Conil, Olvera, Espera, Alcalá del Valle, Medina Sidonia, Algar, Algodonales, Los Barrios, Bornos, El Gastor, Trebujena, La Línea, Paterna de Rivera, Tarifa y Benalup.
“Sellamos nuestro compromiso con el derecho a la vivienda, y estamos dispuestos a trabajar si existe algún riesgo para alguno de nuestros vecinos, así como intermediar con las entidades bancarias para intentar, al menos, ganar tiempo. Todos tenemos que estar en esta batalla”, dijo la alcaldesa de Grazalema, María José Lara, tras rubricar el acuerdo. La Consejera de Fomento, Elena Cortés, aseguró que “la propia ONU ha dicho que el derecho a la vivienda está siendo pisoteado en España”, tras recordar que en el primer semestre de 2012 ha habido un total de 1.053 desalojos en la provincia de Cádiz: “El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda demuestra que la política sirve para plantar a cara a acciones absolutamente injustas e insolidarias”, dijo la consejera, que animó a los ayuntamientos a continuar sumándose a este instrumento “para constituir un gran frente político contra un drama que está afectando a demasiadas familias”.

Detalles del convenio

El acuerdo garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en los municipios firmantes, entre ellos Grazalema y Benamahoma, de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios prestarán servicio de asesoramiento a través de distintos departamentos a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento para dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.

Balance de la oficina contra los desahucios de Cádiz

La oficina de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Cádiz acogida al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, ha logrado evitar 97 desahucios en la provincia los tres últimos meses.

Desde la puesta en marcha del programa, este punto de atención ha tramitado un total de 155 expedientes, de los que 24 se abrieron en el ámbito de la prevención, 97 en el área de la intermediación y 34 en protección. De las 97 familias atendidas, la oficina ha resuelto favorablemente 44 casos y los restantes 53 se encuentran abiertos con expectativas de resolución.